Problemática de País: Estado responsable, transparente y efectivo

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El Estado debe velar por el fortalecimiento de las instituciones, considerando la modernización del mismo como un proceso de permanente revisión y redefinición de la función pública. El proceso debe encauzar a Guatemala en un Estado moderno, de derecho, cuya función principal sea ofrecer una estructura administrativa esencial para una eficiente evolución de la sociedad. Se debe procurar un ordenamiento jurídico adecuado, imparcial y que brinde igualdad de oportunidades para los ciudadanos.

No se puede hablar de modernización del Estado sin considerar el rol de las tecnologías de la información y la comunicación, y como consecuencia del gobierno electrónico, gobierno abierto y la nueva tendencia: Estado abierto. Una buena aplicación de gobierno electrónico, puede generar transformaciones profundas en la administración fomentando el protagonismo de la sociedad, promocionando y llamando a la participación y fiscalización ciudadana.

Uno de los problemas más graves que afectan la vida política y el desarrollo del país es la corrupción, entender que es indispensable su eliminación desde los cimientos para recobrar la credibilidad y confianza, permitirá alcanzar la participación de los ciudadanos en un marco de eficiencia, transparencia administrativa y ética, como ejes de la gestión gubernamental, y lograr los cambios en la administración pública que los ciudadanos demandan del Estado. Como se puede ver en la gráfica 3, la calificación para Guatemala según el Índice de Percepción de la Corrupción, en estos últimos cuatro años no ha mejorado, en la última medición la calificación del país cayó en el punto más bajo, de los últimos siete años.

La corrupción tiene distintas manifestaciones, entre las que sobresalen los actos como sobornos, abuso de funciones, abuso de confianza, fraude, malversación o apropiación indebida de fondos, a lo cual se suman la manipulación, conflictos de interés y otros actos asociados con pérdidas o perjuicios contra la sociedad y su patrimonio.

Las implicaciones de la corrupción sobre la sociedad se evidencian en el subdesarrollo, incide en la prestación de servicios públicos, el aumento de la desigualdad e injusticia, la reducción de la inversión y la disminución de legitimidad en la institucionalidad pública.

En Guatemala se ha generado una fuerte demanda ciudadana por implementar mecanismos de control y reducción de la corrupción, lo cual se relaciona, entre otros, con el incremento de la transparencia. Esta se asocia con el libre acceso y movilidad de la información, vista como un derecho de los ciudadanos, así como con mecanismos de rendición de cuentas al respecto del uso de los recursos, decisiones administrativas y los resultados obtenidos. La transparencia refuerza la democracia y el desarrollo mediante la promoción de la eficiencia y la efectividad de la institucionalidad pública.

La inefectividad en la gestión pública es otro problema que presenta la débil capacidad que tiene una institución pública de responder a los desafíos del desarrollo que se enmarcan en sus responsabilidades y competencias asignadas de conformidad con su mandato legal.

En el Plan Nacional de Desarrollo K’atun Nuestra Guatemala 2032, esta debilidad se evidencia en tres grandes aspectos: el primero, relacionado con las deficientes capacidades del recurso humano en los ámbitos técnico y administrativo, lo cual responde a los limitados procesos de formación o capacitación promovidos a lo interno de las instituciones públicas; los deficientes procesos competitivos y de evaluación del personal institucional que, entre otros, desmotiva la formación y fortalecimiento constante de las capacidades del recurso humano; y la carencia de una carrera administrativa que incentive y garantice la formación del personal.

El segundo aspecto está relacionado con la inadecuada estructura organizativa de algunas instituciones públicas, lo cual limita su capacidad de respuesta ante los desafíos estructurales y actuales en materia de desarrollo y bienestar de la población. Algunas instituciones mantienen estructuras organizativas que fueron funcionales para coyunturas específicas, sin embargo, ante el desafío del desarrollo en el largo plazo, es necesaria una revisión de los procesos, reglamentos y funciones de cada área y personal de las instituciones públicas que tienen bajo su responsabilidad el alcance de las prioridades y metas estratégicas del desarrollo.

El tercer aspecto tiene que ver con la baja calidad del servicio público, que se relaciona con los deficientes procedimientos institucionales y de coordinación interinstitucional, así como con la escasa cobertura de los servicios públicos.

En materia de gobernanza, Guatemala se encuentra por debajo de los índices medios que miden la problemática, también en otros instrumentos de medición como la Guía Internacional de Riesgo-País, los Reportes de Competitividad Global del Foro Económico Mundial y el Barómetro Iberoamericano de la Gobernabilidad, entre otros.

Según el Informe Regional de Desarrollo Humano, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en el año 2016, Guatemala se ubica en el puesto 125 de 188 países, lo cual representa un desafío para el país. El esfuerzo de las instituciones nacionales, las autoridades locales, los actores de la sociedad civil, las entidades empresariales y las personas individuales en la construcción del desarrollo sostenible descansa, necesariamente, en un buen proceso de planificación.

Es importante indicar que el Sistema Nacional de Planificación en Guatemala no tiene un sustento legal específico, debido a que pese a haberse presentado varias iniciativas de Ley, no han sido aprobadas por el Congreso de la República, a diferencia del proceso presupuestario, en el cual se cuenta con la Ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento.

En materia de descentralización, Guatemala debe fortalecer el sistema nacional de descentralización y desconcentración del sector estatal, permitiendo así reducir la burocracia y los niveles de corrupción. Los gobiernos locales deben reformarse para un mejor funcionamiento, orientado a las necesidades de la ciudadanía, creando además nuevos espacios e instancias de diálogo y consenso con la población.

La reactivación y/o reforma de la Ley de Alianzas Público-Privadas es necesaria, para el desarrollo desde lo municipal, departamental y nacional.

Finalmente, es importante la ampliación e implementación de planes de ordenamiento territorial a escala multinivel para el desarrollo equilibrado del país.