4.1.2.12 Fortalecer la situación financiera del Estado y priorizar el gasto e inversión

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La política fiscal es uno de los instrumentos más importantes de la política económica, y su función principal es financiar la provisión de bienes y servicios públicos con el propósito de aumentar y/o mejorar el bienestar de la población, promover el crecimiento económico y contribuir a la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, una de las debilidades de política económica, es la política fiscal, debido a que como sociedad aún no existe un acuerdo sobre cómo se financiarán los objetivos de desarrollo de mediano y largo plazo.

Para la consecución de este objetivo sectorial se presentan las siguientes acciones estratégicas:

4.1.2.12.1 Acciones estratégicas

  • Incrementar la carga tributaria de manera significativa, para ello se requiere la ampliación de la base tributaria, la implementación de un sistema simplificado de tributación para la MIPYMES, la revisión de las leyes tributarias y los beneficios fiscales; así como, la persecución frontal al contrabando y la defraudación tributaria, la ampliación de la cobertura de la Administración Tributaria en todos los municipios del país, la reducción de los trámites en la SAT, el impulso de la factura electrónica. En materia de investigación se creará el sistema de inteligencia fiscal y la guarda de hacienda orientada al control hacendario.
  • Modernizar el sistema aduanero nacional con el objeto de incrementar el comercio exterior del país, para ello, se requiere facilitar los procesos de exportación e importación de mercancías, la prevalidación aduanera para las importaciones con  el objeto de hacer más eficiente la liquidación y salida de productos y el impulso de la unión aduanera centroamericana. En materia de gestión se deberá impulsar un sistema de vigilancia de los centros de recaudación y el fortalecimiento de la escuela aduanera en la SAT para la preparación de funcionarios y agentes aduaneros.
  • Priorizar el gasto público conforme al modelo de desarrollo propuesto en áreas como: educación, salud, nutrición, infraestructura, seguridad y justicia. Se revisará  y evaluará los programas públicos con el objeto de eliminar aquellos que no sean  de interés social o que presenten resultados ineficientes. Se eliminarán los gastos no esenciales como teléfonos, vehículos, combustible y viajes y se implementará el registro nacional de trabajadores del sector público con el objeto de fortalecer la Oficina Nacional del Servicio Civil. Se promoverá el equilibrio presupuestario que contribuya al mantenimiento de la estabilidad macroeconómica.
  • Orientar la inversión pública hacia áreas estratégicas que promuevan la visión de desarrollo, en este sentido se aumentará la participación del Estado en la provisión de infraestructura productiva y social mediante el uso de las diversas modalidades de financiamiento (recursos tributarios, endeudamiento, APP, leasing, concesiones). Por otro lado, se deberá promover la coordinación de las diferentes entidades de inversión (sectoriales, municipales y de los consejos de desarrollo) en la provisión de agua potable, servicios de saneamiento ambiental y caminos rurales.
  • Mantener niveles adecuados de déficit fiscal acordes con la estabilidad macroeconómica. Los recursos provenientes de endeudamiento deberán utilizarse para financiar inversión productiva y el mantenimiento de la sostenibilidad de la deuda pública.
  • Fomentar la transparencia y rendición de cuentas. Los recursos públicos deberán orientarse hacia la implementación de programas que beneficien a la población. Con el objeto de mejorar la fiscalización y control de los recursos públicos se fortalecerá la Contraloría General de Cuentas y promoverán auditorias preventivas y revisiones oportunas; así como, la creación del Instituto de Auditores Internos del sector público para la estandarización de procesos. Se implementará el Código de Ética del empleado y funcionario público y mejorará el acceso a la información pública.
  • Impulsar una estrategia masiva de educación fiscal para aumentar el conocimiento de las leyes fiscales, para ellos se deberá impulsar programas de educación fiscal en los medios de comunicación; la realización de seminarios, cursos y programas a cargo de la SAT, la implementación de cursos de educación financiera y fiscal en el nivel medio de educación y la publicación de folletos sobre las obligaciones tributarias y su forma de cumplimiento.
  • Facilitar un marco jurídico, tributario y fiscal más eficiente mediante la modificación de la Ley de Contrataciones del Estado y la Ley Orgánica del Presupuesto, además de la revisión de otros marcos que permitan mejorar los niveles de recaudación y ejercer un mayor control tributario. Se presentará la iniciativa de Ley de Responsabilidad Fiscal, de leasing público, concesiones y la Ley alianzas público-privadas.
  • Promover políticas fiscales que incentiven el aparato productivo y el uso de tecnologías limpias que contribuyan a la conservación del ambiente.