Para asegurar los cambios que Guatemala necesita, las acciones de la gestión se basan en seis principios fundamentales. Estos deben concebirse de manera articulada y complementaria, mediante la organización social y la creación de alianzas desde diversos frentes, para transformar el Estado y que éste ejerza autoridad con legitimidad y eficacia. La democracia, como conjunto de principios y valores de inclusión y participación, permiten el involucramiento real, autónomo y responsable del ciudadano en la toma de decisiones que afectan la vida social y económica del país. La democracia participativa necesita un sistema político plural, genuinamente representativo de los distintos sectores políticos y sociales y de los distintos pueblos que conforman nuestro país.
Le corresponde al Estado acompañado por la sociedad, romper con la dinámica y corregir la hegemonía de las desigualdades presentes a lo largo de nuestra historia. Esto teniendo como punto de partida la igualdad ante la ley, la protección jurídica adecuada para las mujeres y defensoras de derechos humanos de cualquier acción que represente violencia de género, de manera que la pertenencia étnica, de pueblos, lingüística, cultural, etaria o de género, la discapacidad, la diversidad sexual, nacionalidad y edad, entre otras o el poder político y económico, no sean fuente de discriminación.
Para ello, se deben impulsar políticas sociales, con pertinencia desde los enfoques de pueblos, etario y de género, orientadas a asegurar capacidades adecuadas en materia de nutrición, salud y educación, especialmente para la niñez y la juventud, de manera universal. Estas acciones de política deben potenciar creativamente el gran acervo cultural del país. Asimismo, es necesario la creación de empleo digno, respetando los derechos de los trabajadores, como parte de un aumento sustancial de la inversión en todo el país, con atención especial a las áreas rurales más vulnerables. Esto será una de las bases para crear oportunidades para todos y para reducir la desigualdad y discriminación en los mercados de trabajo y en todos los ámbitos sociales guatemaltecos.
Es fundamental plantear estrategias para orientar políticas públicas y nuevos programas dirigidos a favorecer un desarrollo equilibrado, orientado a un crecimiento económico, cultural y político incluyente y equitativo. Resulta indispensable tender puentes entre las diferentes regiones del país, considerando sus necesidades y oportunidades.
Reconocer y respetar la diversidad étnica y cultural de nuestro país es fundamental, por consiguiente, se deben promover acciones que garanticen el derecho a la cultura, tradiciones prácticas, integridad política y dignidad de los pueblos maya, garífuna, xinka y ladino por igual. Es crucial preservar los idiomas y formas de pensamiento que los respaldan; tanto la lengua, la cultura como el pensamiento de cada pueblo deben estar presentes en la estructuración de un Estado reformado, uno que articule y que responda a las verdaderas condiciones y necesidades que conforman la complejidad guatemalteca. Se deben impulsar acciones que promuevan y garanticen el respeto hacia los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los Pueblos Indígenas en el marco de su propia cosmovisión, articular espacios de diálogo y convergencia para ampliar y fortalecer su base social.
De la misma manera, sentar las bases de una sociedad plural implica concebir la economía con una perspectiva de organización local, con pluralismo jurídico, educación intercultural bilingüe, y reconocimiento de la validez de las prácticas ancestrales en materia de salud y las propias interpretaciones y aprendizajes de la historia. Además, conlleva el reconocimiento de la organización y representación de los pueblos.
La economía guatemalteca debe contribuir a reducir la pobreza y pobreza extrema, evitando la exclusión y beneficiando al conjunto de las guatemaltecas y los guatemaltecos y no solo a un grupo reducido. Para lograrlo, se impulsa la conformación de una economía humana, próspera, equitativa y ambientalmente sostenible. Para concretar esta visión económica, es necesario fomentar el desarrollo de nuevas cadenas de valor en un marco de respeto a la naturaleza y con un enfoque territorial que beneficie la economía local y el surgimiento de nuevos emprendedores. La inversión destinada a generar empleo e ingresos es vital para reducir la pobreza y la desigualdad, para lo cual debe impulsarse la formalización de micro, pequeñas o medianas empresas a través de un esfuerzo masivo que garantice el acceso al crédito, la capacitación, la asesoría e información sobre insumos y mercados, así como el conocimiento de diversas tecnologías y contactos con agentes económicos a nivel internacional.
El respeto a la naturaleza es un principio fundamental que implica reconocer y valorar la intrínseca interconexión entre todos los elementos del mundo natural, incluidos los seres humanos. Este concepto va más allá de una mera apreciación estética o utilitaria de los recursos naturales, ya que refleja entender que nuestro ser y bienestar dependen de la salud y la integridad del medio ambiente. Respetar la naturaleza implica adoptar prácticas y comportamientos que conserven y protejan los ecosistemas, la biodiversidad y los recursos naturales, reconociendo que somos parte de un sistema interdependiente en el que nuestras acciones tienen consecuencias directas e indirectas en el mundo que nos rodea. Además, este respeto se manifiesta en el esfuerzo por promover la sostenibilidad ambiental, buscando un equilibrio armonioso entre el desarrollo humano y la preservación de los sistemas naturales para las generaciones presentes y futuras. En última instancia, el respeto a la naturaleza no solo es un imperativo ético, sino también una condición esencial para asegurar un futuro próspero y equitativo para todas las formas de vida en el planeta Tierra.
Además, implica la responsabilidad tanto de los ciudadanos como de los productores, independientemente de su escala, de salvaguardar los Derechos Individuales y Colectivos de los pueblos mayas, garífunas y xinkas. Esto debe alinearse con las políticas de desarrollo que persiguen la preservación del medio ambiente, la protección de la salud humana y el fomento de un uso eficiente, equitativo y sostenible de los recursos naturales, conforme a estándares ambientales internacionales y locales. Por consiguiente, es crucial tomar medidas destinadas a promover la producción de agua y la preservación de la biodiversidad, apoyar los medios de vida rurales, reforzar la gestión sostenible de tierras y bosques, y fomentar la creación de industrias cuya competitividad se base en criterios de sostenibilidad ambiental y social.
El Estado, en colaboración con los gobiernos locales, las autoridades indígenas, los productores, el sector privado y la sociedad en su conjunto, tiene la responsabilidad de aplicar las normativas ambientales con el objetivo de coadyuvar a que los ciclos naturales de los ecosistemas permanezcan saludables y operativos. Asimismo, es incumbencia del Estado promover una gestión adecuada de los desechos y residuos sólidos, así como reducir los contaminantes que degradan los recursos naturales.
Por otro lado, es esencial emprender acciones para prevenir el saqueo de los recursos y bienes naturales, tanto renovables como no renovables. Estas acciones deben ser respaldadas por políticas que gozan de legitimidad social, promoviendo la democracia representativa y participativa y fomentando el diálogo democrático institucionalizado.
Las acciones del Estado deben hacerse sentir en los lugares donde la gente realiza su vida y desarrolla sus actividades diarias. Las políticas públicas deben materializarse en un conjunto de bienes y servicios que planificadamente se entregan a la población para mejorar sus oportunidades sociales y económicas en sus comunidades. Para lograr esto, es crucial que el gobierno central y los gobiernos locales actúen de manera coordinada y conjunta, contribuyendo cada uno según sus mandatos y obligaciones, con sinergia y armonía.
En este proceso, es fundamental fortalecer las capacidades técnicas, financieras, administrativas y de ejecución de los gobiernos locales. Además, se debe ampliar el acceso y la interacción con la población del territorio, permitiendo un ejercicio ciudadano legítimo y atendiendo las necesidades de todos de manera equitativa. Es esencial evitar el clientelismo, el tráfico de influencias y otras prácticas que no favorecen la democracia y la inclusión social.
Para garantizar la mejora de las condiciones sociales, es fundamental reconocer la existencia de poblaciones históricamente vulneradas y crear conciencia sobre las injusticias y desigualdades que han enfrentado. Esto implica educar tanto a la sociedad en general, como a los funcionarios gubernamentales sobre la historia, cultura, perspectivas y necesidades específicas de estas poblaciones. La gestión gubernamental deberá tener como principio de acción el diseño de programas con enfoques que generen condiciones de vida adecuadas para todos los sectores vulnerados.
El Estado deberá garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos de las poblaciones vulneradas, así como el acceso igualitario a la justicia y la reparación por violaciones causadas. Además, los programas gubernamentales reconocerán que estas poblaciones enfrentan múltiples formas de discriminación y marginalización, por lo que las intervenciones contemplarán un enfoque interseccional que permita restaurar sus derechos humanos.
