La Guatemala de hoy, la tierra de la eterna primavera, de riqueza cultural y natural profunda legada por nuestros ancestros, enfrenta grandes desafíos para procurar el bienestar y desarrollo humano integral para todas y todos. Esto requiere de un Estado fuerte soberano y eficaz, fundamentado en el Estado de Derecho.
Dentro de este escenario, es imprescindible que todos los actores y sectores sociales de manera conjunta colaboren con un compromiso firme, contribuyendo a la construcción de la nación deseada. Esto implica afrontar de manera decidida los desafíos para mermar las desigualdades, la discriminación estructural e institucional y para asegurar el acceso a servicios públicos de calidad, cuya mejora es urgentemente necesaria. A través de este esfuerzo conjunto, será posible superar largas épocas de negligencia social y degradación institucional. La erradicación de la corrupción y la construcción de una democracia robusta y saludable, libre de prácticas corruptas, son esenciales para alcanzar estos objetivos.
Al defender el ejercicio democrático, el pueblo de Guatemala ha demostrado que tiene la fortaleza necesaria para iniciar su transformación como un proyecto colectivo procurando el bienestar común. El Estado está llamado a asumir su responsabilidad histórica de guiar el desarrollo del país, retomando los compromisos adquiridos en la Ley Marco para el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, Decreto No. 52-2005 y abordar los desafíos de la sociedad, especialmente, para superar la exclusión y la discriminación estructural e institucional. Esto implica reafirmar el compromiso por garantizar los derechos humanos, reconstruir los lazos de confianza entre todos los sectores y actores de la sociedad; así como, respetar a los pueblos originarios, aprendiendo de su relación con la comunidad, la naturaleza y su sabiduría ancestral, con el fuerte compromiso de devolver a la tierra lo que nos ha dado y protegerla para el disfrute de las generaciones venideras.
Uno de los mayores desafíos consiste en que los servicios e intervenciones lleguen de forma oportuna y eficaz a los territorios y a la población que históricamente ha sido excluida y más vulnerada en sus derechos y oportunidades; para lograrlo es necesaria la coordinación gubernamental con los gobiernos locales, Consejos de Desarrollo y autoridades indígenas desde una perspectiva adaptativa, abierta, dinámica, participativa y sobre todo prospectiva, con esa visión del país hacia el que debemos avanzar.
Para lograr el país plural, equitativo, próspero, democrático, en paz y en pleno respeto por la naturaleza que todos los guatemaltecos y guatemaltecas anhelan, se presenta la Política General de Gobierno 2024-2028 que recoge las orientaciones estratégicas que permitirán avanzar hacia una sociedad digna, hacia un futuro lleno de oportunidades, orientado también a sentar las nuevas bases de un contrato social, reconociendo que, para lograrlo, no puede haber democracia sin justicia social; y la justicia social no puede prevalecer sin la democracia.
